A pesar del aumento del euríbor y los precios del alquiler, los desahucios han experimentado una caída significativa.

El Gobierno pierde apoyo a su Ley de Vivienda. Uno de los principales objetivos de esta legislación era reducir los desahucios y proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, pero según los últimos datos del INE y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tanto los desalojos como las demandas por impago del alquiler han alcanzado mínimos históricos, a excepción del año 2020 debido a la pandemia.

A pesar del aumento del euríbor, que ha encarecido las hipotecas, y de la subida de los alquileres, las cifras de impagos no han aumentado. Según el CGPJ, las demandas por impago de alquiler se redujeron un 12% entre el primer trimestre de 2022 y el último de ese mismo año, y entre 2021 y 2022 la caída fue del 2,3%. En cuanto a los desahucios, los datos del INE revelan una disminución notable en los desalojos tanto por impago de hipotecas como de alquileres, con cifras mucho menores a las de hace una década, cuando la crisis financiera disparó los desalojos.

Según el Consejo General de Economistas, la caída de desahucios por hipotecas se vincula con la crisis financiera de 2007, aunque advierte que las subidas actuales de tipos de interés podrían generar un repunte. Sin embargo, en el caso de los alquileres, el informe sugiere que la caída se debe a una “vulnerabilidad estructural”, lo que pone en duda la eficacia de la nueva Ley de Vivienda. Además, se plantea que la ley podría disuadir a los propietarios de mantener sus viviendas en el mercado, lo que reduciría la oferta y aumentaría los precios.

La nueva ley introduce medidas para proteger a las personas vulnerables, como la obligación de realizar los desahucios con una fecha y hora predeterminada, y establece prórrogas de hasta dos años en ciertos casos. También limita las demandas de desahucio a situaciones específicas, como cuando el ocupante está en vulnerabilidad económica y el propietario es un gran tenedor de viviendas.

Sin embargo, tras las elecciones autonómicas, la ley se encuentra en un escenario incierto. El Partido Popular, que gobernará en varias autonomías, ya ha manifestado su oposición a la ley, y algunos sectores apuntan a que podría ser derogada por completo si los populares ganan las elecciones generales de julio.